Chile: “Ciudadanía laboral: los peligros políticos de un mal concepto jurídico”

Por Fernando Muñoz León*

Es habitual que en el discurso jurídico, tal como en toda otra área del conocimiento estructurada en torno a conceptos, cada cierto tiempo aparezcan nociones, ideas o vocablos que logren ganar el favor de los hablantes. Esto ocurre con particular éxito cuando los nuevos conceptos parecen reflejar el espíritu de los tiempos; cuando parecen expresar nuevas realidades para las que el léxico tradicional no estaba construido.

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El mito de elegir la prostitución como plan de vida (ii)

Por Camila Blanco

Hace casi dos meses, publiqué el post “El mito de elegir la prostitución como plan de vida” en el que esgrimía las razones por las que considero que sostener en la actualidad que la prostitución es un “trabajo” y que, por ello, el Estado debe reconocerla y regularla, carece de toda lógica y realismo.

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El fútbol al margen de su ley

Por Luis “topo” Villanueva

Se suele decir que Argentina a pesar de tener prácticamente todo reglado ha decidido no sancionar los actos de corrupción. La falta de condenas penales respecto a empresarios o funcionarios públicos parece confirmar la idea. Sin embargo, más allá del ámbito judicial, en muchos otros se ha resuelto, no explícitamente claro está, desentenderse de cualquier posible sanción a hechos reñidos con casi cualquier noción de ética.

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La batalla de Chile: el trasfondo histórico-conceptual de nuestra educación

Por Fernando Muñoz León*

¿Hay alguna racionalidad interna que estructure el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales en materia educacional? Si así fuera, ¿de donde proviene históricamente dicha racionalidad? La respuesta a ambas preguntas es breve: dicha racionalidad existe, consiste en la noción de subsidiariedad, y tiene su origen histórico en las luchas desatadas en los años 60’ y principios de los 70’ en torno a qué rol debe jugar el Estado en el orden social: respetuoso árbitro o activo interventor. La persona de Jaime Guzmán sintetiza todas estas historias. Explicar dichas respuestas requiere algo más de extensión.

 

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Presentación del Informe Anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria

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Colombia: las comunidades indígenas del Cauca en medio del conflicto armado

                                                                                                      * Por Laura Juliana Soto Moreno

Hace dos semanas aproximadamente hemos venido siguiendo la agudización del conflicto armado en la provincia del Cauca, Colombia a través de una escalada de enfrentamientos y combates. Hechos que son solo una muestra de la situación permanente en la que vive la población de esta región. Las consecuencias son muchas y serias: desplazamientos forzados, situaciones de violencia, ataques indiscriminados, etc.

La situación es tan extrema que las comunidades indígenas que habitan el Cauca (en especial la comunidad Nasa) han decidido llamar la atención sobre su realidad y el pasado lunes 16 de julio dieron un ultimátum a los actores armados a saber, guerrilla y militares, para que se retiraran de sus tierras. Por supuesto esta posición enfrentó dos visiones diferentes sobre el conflicto armado, una defendida por las comunidades que reclaman soberanía sobre su territorio y neutralidad en el conflicto, y otra liderada por el gobierno nacional  que busca enfrentar a la insurgencia por todos los medios posibles y que ve su autoridad fuertemente cuestionada.

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Apostillas sobre dictámenes de Gils Carbó: esa buena práctica de redacción

Por Juan Antoniassi *

Acepté gustoso la invitación de la gente amiga de “Derecho al Sur” para analizar y desgranar ciertas opiniones vertidas por la candidata a Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en su actual cargo de Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (les cuesta, aún, llamarla Ciudad de Buenos Aires, pese a la clara redacción del art. 129 de la CN).

Sin embargo, me llamó la atención otro aspecto del manejo del lenguaje jurídico, no menor, que me resulta de trascendental importancia en la relación Poder Judicial-Sociedad: las barreras comunicacionales que los (des)une.

Por cuestiones propias de mi trabajo, leo mucho texto jurídico judicial. Este dato le importará poco y nada al lector, sirva –entonces– de un infundado recurso legitimador.

La justicia Argentina tiene un gran déficit –entre tantos otros–: no sabe, no puede o no quiere comunicar de forma clara y sencilla sus decisiones y esto, claro está, incide directamente en el modo en que los justiciables comprenden la sentencia que sobre su pleito recayó.

Las causas de este problema son muchas y de distinta índole. Genaro Carrió decía “es verdad que los juristas se han esforzado por crear un lenguaje en cierto modo artificial” y lo atribuía a la búsqueda de “contornos más precisos, para alcanzar un mayor rigor expositivo” (Carrió, G., Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1994, pag. 51). Pero ¿la pretensa precisión científica habilita a generar una brecha insuperable entre quien ocurre a la justicia para que se le dirima un conflicto y que la solución que obtiene, después de mucho transitar, le resulta de difícil comprensión?

“Los abogados hablan en difícil” se suele escuchar. Más allá de la cuestión de género ínsita en la frase, es claro que el manejo de un lenguaje técnico tiene sus peculiaridades y características propias (como el de cualquier ciencia) que posiciona de mejor forma para su dominio al profesional versado en la materia, sin embargo, la distancia entre una sentencia judicial y la comprensión de la persona que ve como se moldearon sus derechos es abismal.

Calma. Este post no propugna el fin de la técnica jurídica, pero si su sociabilidad. Preguntado acerca del modo de redacción de las sentencias y su distancia (o no) con aquel propio del discurso literario, Héctor Tizón –hasta marzo pasado exjuez del Tribunal Superior de Justicia jujeño y notable escritor– reflexiona que “mientras más claro sea [el lenguaje], es mejor siempre. Tiene que escribir para que la gente lo entienda. La precisión del lenguaje jurídico, cuando está bien escrito, es absolutamente igual al texto literario o narrativo” (entrevista a Héctor Tizón publicada en El monitor de la educación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, N° 15, noviembre/diciembre 2007, pag. 60).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con muy buen tino, identificó “estas dificultades para expresar ideas, con un estilo excesivamente retórico o con problemas para exponer con precisión los argumentos” y entendió que “en ocasiones el lenguaje jurídico parece constituir un código cerrado, que dificulta una comprensión completa de los escrito”. Para remediar este entuerto puso en práctica las llamadas “Lecciones de redacción para magistrados y funcionarios judiciales” (ver: http://www.cij.gov.ar/nota-2478-Lecciones-de-redaccion-para-magistrados-y-funcionarios-judiciales.html) que tienen como objetivo central “desarroll[ar] un estilo claro y sencillo en la redacción de escritos judiciales”. Ello porque “una escritura transparente puede ser un instrumento para estrechar el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad”. Es decir, se hizo cargo del asunto.

Debo confesar que he cometido uno de los peores pecados que se puede cometer al identificar un problema: la generalización. Claro está que dicha práctica confiere cierta facilidad para desenvolverse, pero supone incluir en el grupo a todo un colectivo aunque alguna porción no forme parte de aquél y eso, en ocasiones, puede ser peligroso.

Dije “la justicia argentina tiene un gran déficit” y pese a mi pretensiosa calificación de avezado lector de decisiones judiciales excluí a magistrados y demás funcionarios que intentan desde sus sentencias, dictámenes o simples providencias achicar esa brecha comunicacional, que los hay y bastantes. Incluyó en este último grupo a Alejandra Gils Carbó. Nunca –hasta ahora– había leído un dictamen suyo y debo confesar que me sorprendió gratamente.

Advertí una deliberada intención que se traduce en: 1) una asombrosa capacidad de síntesis, 2) una precisa y concreta delimitación del  thema decidendum y, 3) una buena lógica en la metodología de análisis de la cuestión a resolver –tanto jurídica como fáctica–.

Quizás algunos encuadrarán esta práctica como puramente formal. No lo creo así, enraíza en la idea de una justicia asequible al entendimiento colectivo necesariamente compatible con el propósito preambular de “afianzar la justicia”.

Celebro pues, haber podido encontrarme con estos dictámenes que van en la anhelada dirección de desacralizar el uso del lenguaje jurídico para unos pocos.

* Abogado. Docente (UBA y UP)

 

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